Ejército colombiano, negación y vergüenza del honor militar

Hernán Mena Cifuentes

La historia de Colombia a raíz de su independencia conquistada en Boyacá por Bolívar, es la crónica roja de “Una muerte anunciada” escrita con la sangre de su pueblo y la de quienes como El Libertador, lucharon por su emancipación, víctimas del Imperio, la oligarquía, los políticos y un ejército autor de horrendas masacres, crímenes de lesa humanidad que lo exhiben ante la historia, como una horda de asesinos, negación y vergüenza del honor militar. Usar el nombre de una institución para culparla por el mal uso que hagan de ella sus miembros no sería justo, pero resulta que en el caso del Ejército colombiano, se ha producido una simbiosis perversa estimulada por el factor humano, que hace de ambos un todo único e inseparable, co-protagonista del “histórico y socio-económico fenómeno de violencia impuesta por la clase dominante (y el Imperio) para defender sus privilegios e intereses”, proceso éste que ha hecho de Colombia un Estado terrorista. La expresión mas reciente de esa demencial adicción al crimen que afecta al ejercito colombiano, se vio el pasado miércoles, cuando Uribe, acorralado por las evidencias, se vio obligado a destituir a 25 altos oficiales del ejército, entre generales, coroneles, mayores, capitanes y tenientes, involucrados en la muerte de 11 jóvenes enterrados en 2 tumbas colectivas, lejos del lugar de donde habían sido “reclutados” bajo engaño, masacre que, como sucede cada vez que se descubre un hecho similar, el gobierno lo atribuyó a las FARC. Las víctimas, con edades comprendidas entre los 18 y 21 años, residentes de Soacha, localidad vecina de Bogotá, desaparecieron el pasado mes de enero, y en septiembre, sus cadáveres fueron localizados en un sector del Departamento de Santander del Norte, situado a unos 1.000 kilómetros de la capital y, presentados, como “guerrilleros muertos en combate”, argumento que fue rechazado por la Procuraduría , en base a las denuncias hechas por sus familiares. Pero, a solo una semana de que Uribe admitiera la participación del ejercito en la masacre, los medios cómplices del régimen, iniciaron una campaña característica de su típico quehacer manipulador, orientada a desviar la atención de la opinión pública del caso, tejiendo un manto de silencio sobre la matanza, mediante la divulgación de informaciones sobre temas de menor importancia y trascendencia o publicando noticias que favorecen al gobierno. La pérfida maniobra fracasó inesperada y estruendosamente el pasado sábado, cuando Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, expuso ante el mundo la tragedia del pueblo colombiano, con lo cual se ha abierto una ventana de esperanza orientada a poner fin a esa espiral de torturas, persecuciones y muerte desatada por un ejército vasallo del Imperio, del régimen y de la oligarquía. La funcionaria de la ONU , en rueda de prensa celebrada en Bogotá, al término de un extenso recorrido de investigación que realizó por algunas zonas del país, dijo que las fuerzas armadas de Colombia “Están envueltas en sistemáticas y extensas ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes, en el marco de la campaña contrainsurgente en la que están comprometidas.” Pillay , advirtió que “esa escalada de asesinatos, podría constituir un crimen contra la Humanidad , bajo la ley humanitaria internacional, y agregó que “ La Corte Internacional de Justicia podría intervenir si el gobierno colombiano carece de la voluntado o no esta en disposición para realizar las investigaciones correspondientes” “Un delito, -dijo- se convierte en crimen de lesa Humanidad cuando es difundido y sistemático contra la población civil. Nosotros, -añadió- estamos observando y llevando un registro de las ejecuciones sobre el número de asesinatos extrajudiciales en Colombia y, desde mi punto de vista, todo parece indicar que existe una sistemática y amplia ejecución de los mismos. Sus declaraciones, constituyen el más duro golpe moral asestado al régimen de Uribe en los últimos años, y se suma a las denuncias que en el mismo sentido han hecho recientemente otras organizaciones similares como Amnistía Internacional y las que desde hace mucho realizan la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General , labor que Pillay calificó como “valiente.” A esas condenas se agregan las masivas marchas que protagonizan las comunidades indígenas, reclamando el fin a las masacres que los militares y “paras” perpetran en sus comunidades y les sean devueltas sus tierras ancestrales; el paro de los cañicultores que viven y trabajan en condiciones de virtual esclavitud y las recientes huelgas de los empleados públicos que piden aumento de salario y otros beneficios sociales. Los reclamos de los campesinos que solicitan el fin de las matanzas perpetradas por el ejército y los paramilitares que les arrebatan sus tierras bajo amenaza de muerte, obligando el masivo desplazamiento de millones de ellos hacia otras partes del país y a Ecuador y Venezuela, lo cual ha provocado una crisis de gran magnitud social por sus implicaciones económicas y políticas. Todos esos eventos y situaciones, que conforman una tragedia humana sin precedentes en los anales de la historia latinoamericana y caribeña, y en cuya incidencia juega un rol protagónico el ejército colombiano, ha llevado a muchos sociólogos, psicólogos, juristas, políticos e investigadores de otras disciplinas a preguntarse: ¿Cómo una institución como el ejercito colombiano, creada para preservar la soberanía, la integridad territorial de una país y proteger al pueblo, pudo convertirse en una máquina de muerte, en un monstruo irrespetuoso y violador de la vida, el más sagrado y preciado de los derechos humanos.? La respuesta se encuentra en el pasado, específicamente hace 180 años, el 25 de septiembre de 1828, cuando altos oficiales del ejército colombiano, liderados por Francisco de Paula Santander, atentaron contra la vida del Libertador, iniciando la más brutal y desenfrenada carrera delictiva que conozca la historia de América del Sur, dejando en el olvido hasta nuestros días, la brillante trayectoria y el honor de una institución que merece un mejor destino, y no el estigma de traición que hasta hoy mancha su honor. Porque, no solo intentaron cometer el magnicidio, sino que participaron en otra criminal conspiración que contribuyó el fracaso del sueño integrador regional de Bolívar, cuando Santander, desobedeciendo sus órdenes, invitó a una delegación de Washington al Congreso Anfictiónico de Panamá, conciente del peligro que el incipiente imperio yanqui representaba para la región, amenaza vislumbrada por Bolívar cuando dijo que “Los EEUU parecen destinados por la Providencia para plagar de miserias a América a nombre de la libertad.” También José María Obando, otro general del ejército colombiano, que había traicionado a Bolívar, fue autor intelectual “de connivencia con los septembristas de Bogotá”, del más horrendo magnicidio que registra la historia americana, como lo fue la muerte del más noble, valeroso y leal de todos los soldados de Bolívar: el Mariscal Antonio José de Sucre, el triunfador de Ayacucho, vilmente asesinado el 4 de junio de 1830 en la Selva de Berruecos, “El Abel de América” como lo llamó el Padre de la Patria. Con la muerte del Libertador, seis meses después del asesinato de Sucre, comenzó el festín de buitres sobre los despojos de la desmembrada Gran Colombia, cuyos pueblos sucumbieron ante la codicia de sus verdugos, que se abalanzaron sedientos de riqueza y poder sobre el cadáver de la Nueva Granada y del resto de los países que la integraron y, como convidados de honor, asistieron los militares colombianos, con Santander al frente, quien regresó del exilio, designado presidente interino y luego ratificado, haciendo realidad así su sueño de Caín. Pero, no son únicamente los militares del ejército colombiano quienes aún se embriagan y se hartan en esa orgía que no ha terminado. Detrás de ellos, está la ambiciosa oligarquía, los políticos inescrupulosos y unos gobiernos títeres como el actual, impuestos por el Imperio, el verdadero amo del poder, que dicta las políticas y planes de dominación y guerra, para seguir oprimiendo a un pueblo que se niega a ser avasallado, y responde con valentía a la agresión, a través de la lucha armada y la protesta social. Esa es la razón por la que el Ejército colombiano ha desatado esa espiral de represión, persecución y muerte que son las masacres casi cotidianas que ejecuta para aplastar la rebelión armada y social desplegada durante mas de medio siglo, matanzas que se han intensificado en los últimos años bajo el régimen de Uribe Vélez., Porque, el asesinato de los 11 jóvenes de Soacha no es el único crimen perpetrado por los miembros de esa institución, responsables principales como autores del baño de sangre que ha teñido de rojo al territorio colombiano dejando como saldo mortal, centenares de miles de víctimas, hombres, niños, jóvenes, mujeres y ancianos, de cuyas muertes en el resto del mundo muy poco o nada se sabía. Y, es que fuera de Colombia, y durante mucho tiempo, no se tenía conocimiento de la magnitud del genocidio perpetrado por un ejército, guardián y protector de los intereses imperiales y de sus socios nacionales, ya que sus crímenes siempre han sido ocultados o minimizados por la prensa nacional, cuyos dueños pertenecen a familias de la rancia oligarquía colombiana, dueña además de la industria, el comercio, la banca y otras áreas claves de la economía del país. La situación se mantuvo inalterable, hasta que hace pocos años, las denuncias de entes oficiales inmunes al chantaje, amenazas y atentados del régimen; de la ONU ; de la Corte Interamericana de DDHH y de las ONG´s nacionales e internacionales, rasgaron el velo del cómplice silencio impuesto por la dictadura mediática y sacaron a la luz la brutal realidad, reveladora de los crímenes del ejercito colombiano, clamor al que hoy se ha sumado la voz de Navi Pillay, para que la Justicia condene a esos asesinos y a sus amos. Ello se hace impostergable, porque, el pueblo colombiano, ha llegado al límite del sufrimiento que sociedad alguna puede soportar, víctima de un Imperio, de un régimen, de una oligarquía, de unos políticos y, más aún, de un ejército, que, traicionando la honrosa tradición de la fuerza armada que fue, participando al lado del “Ejército venezolano Forjador de libertades” en la epopeya de la independencia sudamericana, llegó a convertirse en verdugo de su propio pueblo. Porque, además del asesinato de los 11 jóvenes de Soacha, y en virtud de las revelaciones hechas por las madres, padres, hijos, esposas y hermanos de los asesinados, fueron apareciendo, en macabro desfile, los fantasmas de otras víctimas de ese ejército, autor de un crimen de lesa humanidad que, por su magnitud y por el tiempo tan prolongado en que se viene perpetrando, no tiene antecedentes en la historia de América y del mundo. Basta para ello, un poco ejercicio de memoria y recordar una de sus más brutales expresiones, como lo fue “ La Masacre de las bananeras, ocurrida hace 80 años, en diciembre de 1928, en La Ciénaga , Departamento del Magdalena, cuando el ejército colombiano, disparó a mansalva contra trabajadores de la United Fruit Company, que protestaban junto con sus hijos y esposas, por las condiciones de virtual esclavitud a que era sometidos en las plantaciones de la transnacional yanqui, solicitando al mismo tiempo un aumento de salario. La masacre fue inmortalizada por Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad, su obra cumbre, en la que el Premio Nobel narra, envuelto en el Realismo Mágico, detalles horrendos de la matanza, como aquel en que las víctimas eran introducidas en los vagones del ferrocarril de la empresa (que era dueña, no sólo de gran parte de la costa caribeña colombiana, sino de la mayor parte de América Central) para llevados hasta la orilla del mar a cuyas aguas eran arrojados sus cadáveres. La voz de Jorge Eliécer Gaitán, que decía: “No soy un hombre, sino un pueblo”, se levantó en protesta contra la matanza, pero su voz fue silenciada años después por un sicario de la oligarquía cómplice del Imperio y del ejército, magnicidio frente al cual el pueblo respondió con el Bogotazo y, cuando la salvaje represión del ejército se hizo sentir, no tuvo mas opción que alzarse fusil en mano, con el épico Marulanda, al frente de las FARC y a través de la protesta social, en una lucha que ha continuado hasta nuestros días. Desde entonces, las masacres han sido una constante, impuesta por los EEUU, la oligarquía y los títeres gobiernos de turno frente a la rebelión del pueblo y, como siempre, el brazo ejecutor de las mismas, ha sido el ejército colombiano, autor junto con los Paramilitares, el monstruo que ellos crearon y que, como al Aprendiz de brujo, se les fue de las manos, socavando con los dineros del narcotráfico, las bases del gobierno y de la mayoría de las instituciones del Estado. Porque, Nadie puede imaginar, la saña, crueldad y sadismo que anida en la mente criminal de los autores intelectuales de esas matanzas, perversión que es aún mayor en la mente de los militares. autores materiales junto con los “paras” de masacres como las perpetradas en los últimos años, en San José de Apartadó, Mapiripán, Santo Domingo, Caño Seco, Flor Amarillo, La Rochela , La Cabuya , Cachama, Piñalito y otros pueblos y caseríos habitados por humildes campesinos e indígenas, principales víctimas de esos genocidios. Testimonios aportados por los sobrevivientes ante las instancias encargadas de la investigación de esos hechos, y en cuyos archivos reposan millares de expedientes dan cuenta de la pesadilla que vivieron como testigos de las torturas, violaciones, descuartizamientos, desmembramientos y degollamientos de hombres, niños, ancianos y mujeres a manos de los efectivos del ejército colombiano y los “paras,” “Y, no sólo hacían eso -denunciaron-, sino que se recreaban abriendo con sus machetes el vientre de mujeres embarazadas o seccionando en varias partes con moto-sierras, los cuerpos de las víctimas para luego arrojar a algunas de ellas a un río o arroyo cercano con el fin de borrar las huellas de un crimen de lesa humanidad que, a pesar de todo lo que hagan para que se olvide , permanecerá imborrable en la memoria colectiva del pueblo colombiano. En el paroxismo de su inhumanidad, algunos de los verdugos han hecho gala de un demencial cinismo y maldad, comprobada por el abogado Elkin Ramírez, de la ONG que investigaba la masacre de San José de Apartadero, en el mismo lugar de los hechos. “Mientras estábamos cuidando los cadáveres, -dijo- un soldado tomó uno de los machetes, (utilizados en la matanza) que aún estaba ensangrentado y, en presencia nuestra lo llevó hasta el río, lo lavó en sus aguas diciendo, “este es el machete degollador”. El remordimiento también afecta a los verdugos, como ocurrió con el Coronel William Cruz, Comandante de la Brigada Móvil V, quien no pudo soportar el señalamiento del dedo acusador de su conciencia, y acosado por las constantes pesadillas que lo perseguían tras dirigir el bombardeo causante de la masacre de Santo Domingo, se suicidó 10 días después del horrendo crimen. Pero, el Estado terrorista colombiano, insensible y prepotente como su amo, no cede ante la acción de las instancias jurídicas nacionales y hemisféricas que han condenado algunos de los crímenes perpetrados por su ejército, y se niega a levantar la salvaguarda o la reserva jurídica que permitiría aceptar la autoridad en su territorio, de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra y demás delitos de lesa humanidad que los militares han cometido en el país y en Ecuador, Porque el ejército colombiano, no sólo ha perpetrado genocidios en Colombia, sino que, emulando a sus maestros yanquis y sionistas en la bestial práctica del asesinato selectivo, violó en marzo pasado, la soberanía de Ecuador y el Derecho Internacional, cuando, con el apoyo logístico de mi de EEUU asesinó a 20 guerrilleros de las FARC cuando dormían en un campamento móvil, ubicado a corta distancia de la frontera colombiana e hirió a 2 universitarias mexicanas que realizaban un estudio social del grupo guerrillero. Y, a pesar de la contundente y unánime condena moral que le fuera impuesta durante la Cumbre Presidencial de Río, celebrada en Santo Domingo y del tímido rechazo que a la agresión ofreció la OEA , el gobierno de Uribe y su ejército de asesinos, siguen burlando la Justicia , que no ha podido castigar con reales y efectivas acciones, sus crímenes. No obstante, persisten y renacen nuevas esperanzas sustentadas en la valiente denuncia de las instancias nacionales y hemisféricas, de los periodistas, sindicalistas y honestos políticos colombianos, de los campesinos e indígenas y de todos quienes en el mundo los acompañan, para que su clamor, unido al de la representante de la ONU , pueda cristalizar con la actuación de la Corte Penal Internacional y se condene a los miembros de esa macabra cofradía autores del genocidio colombiano. Porque, como sentenció Horacio hace más de 2.000 años, “ la Justicia , aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera.” Será entonces cuando el pueblo colombiano dejará de ser víctima de las horrendas masacres que contra sus hijos perpetra desde hace décadas un ejército asesino, cuya trayectoria criminal lo llevó a convertirse en negación y vergüenza del honor militar.

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