Barbarie “made in USA”.

Pablo Siris Seade

“Ustedes le prestaron un gran servicio al occidente al derrocar a Allende. De otra manera Chile habría seguido a Cuba”. De esta manera el ex Secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, le manifestaba al general Augusto Pinochet el 8 de junio de 1976 la posición del gobierno norteamericano sobre el golpe de Estado que dio por tierra con el proyecto chileno de construir el socialismo democráticamente.

La conversación, que tuvo lugar en La Moneda (sede de la Presidencia chilena) y cuyo contenido fue desclasificado el 20 de octubre de 1998, se dio en el marco de una Asamblea General de la Organización de Estados Americanos realizada en Santiago de Chile, en un momento en que toda América Latina -con excepción de Venezuela- estaba gobernada por dictaduras militares instaladas con el respaldo del gobierno norteamericano.

Si bien Estados Unidos se ha presentado siempre a sí mismo como el principal defensor de las libertades y de los derechos humanos, los gobiernos autoritarios que respaldó e impulsó durante ese período arrasaron con las libertades públicas en los países latinoamericanos, cometiendo las más graves violaciones a los derechos humanos de que se tenga memoria en la historia de este continente.

La “solución” chilena

El 29 de septiembre fue capturado frente a la embajada mexicana en Santiago de Chile, Julio Hernán Soto Céspedes, de 22 años, quien hasta el 11 de septiembre era el chofer de Allende.

El joven Soto fue trasladado a la comisaría número 24 de la localidad de Las Condes, donde inmediatamente comenzó a ser interrogado y sometido a torturas, “que consistían básicamente en la aplicación de la picana eléctrica o instrumento similar que producía quemaduras en los puntos donde era aplicada”.

En sus declaraciones al Equipo Nizkor, que elaboró un informe sobre las violaciones a los derechos humanos durante el régimen pinochetista, Soto señaló: “Me produjeron quemaduras por la aplicación de cigarrillos sobre la piel. Con instrumental quirúrgico producían cortes en los laterales del rostro a la altura de las orejas, produciendo levantamiento de la piel y con la amenaza de producir el despellejamiento”.

Durante la noche del día 29 al 30 de septiembre de 1973, fue trasladado a un patio interior: “En dicho lugar se me tapó el rostro con una prenda de vestir y procedió a amarrarme a una pared. Una vez allí dieron instrucciones a lo que yo supuse era un pelotón de fusilamiento. El oficial a cargo dio la orden de fuego. En ese mismo momento recibí un golpe en el estómago y dicho oficial rió a carcajadas”.

Al día siguiente, Soto fue movilizado al Estadio Nacional de Chile, donde siguió el interrogatorio en la zona de los camarines de los deportistas: “En este caso fui colgado por los pies del techo del camarín, con las manos atadas a la espalda con cuerdas y a cara descubierta. En esta posición era golpeado en forma permanente mediante patadas, puñetazos, golpes y simultáneamente golpes de corriente en cualquier lugar del cuerpo”.

“En una oportunidad fui sacado de la celda por los soldados de guardia y llevado a los baños donde restregaron mi cara contra los excrementos que allí había, obligándome a ingerirlos a causa de la asfixia. Simultáneamente era golpeado”, denunció Soto.

Mientras estaba detenido, el joven chofer reconoció a once de los funcionarios presidenciales que resistieron junto a Allende en La Moneda el bombardeo al que era sometida la sede del Poder Ejecutivo por parte de las fuerzas golpistas lideradas por el general Augusto Pinochet.

De uno de ellos dijo que “había sido torturado en el ministerio de Defensa produciéndole con una pala de las utilizadas en la construcción y calentada al rojo vivo, quemaduras en toda la caja torácica. En el momento que lo vi se encontraba además con las manos colgando de sus brazos debido a que tenía cortados los tendones que las sujetaban normalmente”.

Estos once compañeros que reconociera Soto son actualmente detenidos-desaparecidos, que al igual que otros miles de chilenos fueron detenidos, torturados, muertos, desaparecidos y exiliados durante la dictadura que pretendió “salvar a Chile del comunismo” y a cambio sumió a ese país en la más negra de las represiones.

La Operación Cóndor

“Una mañana de diciembre de 1992, el juez paraguayo José Fernández y el profesor y ex prisionero político Martín Almada, entraron a la estación de policía de Lambaré, suburbio de Asunción, a buscar los archivos policiales de Almada. Lo que encontraron en su lugar fueron décadas de historia documental sobre la represión en Paraguay y otros países. También encontraron registros de la cooperación de la inteligencia estadounidense con las dictaduras de la región, incluida la paraguaya”, así relató la periodista Stella Calloni, editora de ‘El Día Latinoamericano’ de la ciudad de México, el inicio del viaje a lo más terrible de las dictaduras latinoamericanas.

Y es que los ‘Archivos del Horror’, “detallan el destino de cientos, quizá miles, de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados por los regímenes derechistas de los años setenta. También ofrecen una pista (…) que confirma la existencia de una conspiración (…) entre los servicios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para rastrear y eliminar a los adversarios políticos con independencia de las fronteras nacionales”, según relata Calloni.

La ‘Operación Cóndor’ -como se llamó a la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur- tiene en su haber unos 50 mil asesinatos, más de 30 mil desaparecidos -la mayoría de ellos en Argentina- y casi 500 mil encarcelados. Entre los asesinados y los desaparecidos se cuentan unos 3 mil niños.

Fue el asesinato de Orlando Letelier, ex ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores de Salvador Allende, en septiembre de 1976 en Washington, lo que produjo un escándalo que terminó por abrir las puertas que ocultaban las operaciones encubiertas en América Latina.

El agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Robert Scherrer, describió una semana después de ese atentado en qué consistía la ‘Operación Cóndor’: “es el nombre en clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de información secreta relativa a los denominados ‘izquierdistas’, comunistas y marxistas, que se estableció recientemente entre los servicios de inteligencia en América del Sur, con el fin de eliminar las actividades terroristas marxistas en la región”.

Según Scherrer, la ‘Operación Cóndor’ implicaba “la formación de grupos especiales de los países miembros, que deberán viajar por cualquier parte del mundo hacia países no-miembros, para llevar a cabo castigos incluido el asesinato contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros”.

“El dolor exacto”

“Estados Unidos proporcionó la inspiración, el financiamiento y la asistencia técnica para la represión y puede haber plantado la semilla que desembocaría en la ‘Operación Cóndor’. La CIA (sigla en inglés de la Agencia Central de Inteligencia) facilitó una mayor coordinación entre los servicios de inteligencia de la región. Un historiador atribuye a un operativo de la CIA el haber acordado los primeros encuentros entre oficiales de seguridad argentinos y uruguayos para discutir la vigilancia de los exiliados políticos. La CIA también organizó encuentros entre líderes de los escuadrones de la muerte brasileños con argentinos y uruguayos”, asevera Calloni, quien afirma también que Estados Unidos hizo bastante más que organizar reuniones.

Según la investigación de la periodista “la división de Servicios Técnicos de la CIA suministró equipo eléctrico de tortura a brasileños y uruguayos y ofreció información sobre cuánta descarga podría soportar un cuerpo humano. Los agentes de seguridad latinoamericanos también recibieron formación para la fabricación de bombas, de parte de la CIA, en las instalaciones de la Agencia de Seguridad Pública (OPS, por su sigla en inglés) del Departamento de Estado, en Texas”.

La Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID, por su sigla en inglés) fue el organismo que contribuyó a la formación de la Policía Técnica del Paraguay.

Una carpeta de los archivos contiene correspondencia entre ministros paraguayos y el coronel estadounidense Robert Thierry. Thierry sirvió como “asesor sobre administración pública” de la AID (entonces la Administración de Cooperación Internacional) para el Ministerio del Interior y supervisó la formación de la Policía Técnica.

Igualmente, en Uruguay, el FBI destinó al agente Dan Mitrione en 1969 para colaborar con la Policía de ese país, que ya recibía asistencia de la OPS desde 1965.

Mitrione fue señalado por oficiales uruguayos retirados y agentes de la CIA en ese país, de haber instalado la tortura como una práctica rutinaria en la represión de los militantes de izquierda, y le atribuyen la frase “el dolor exacto en el lugar exacto en la cantidad exacta para lograr el efecto deseado”.

Mitrione fue igualmente acusado de utilizar para esos entrenamientos a personas en situación de calle, a quienes torturaba con “fines didácticos” en el sótano de su propia casa, para luego ejecutarlos.

Una noche que aún no aclara

Aunque en todo el continente americano hayan resurgido los gobiernos democráticos en las décadas de los ochenta y noventa, la democracia no ha traído consigo la justicia para las víctimas y sus familiares.

A pesar de algunos intentos por investigar algunos crímenes, no ha habido en nuestros países la reconciliación que se deriva de la aplicación generalizada de la justicia. El gobierno norteamericano tampoco ha reconocido su participación en este genocidio practicado contra los militantes de las organizaciones progresistas latinoamericanas.

El “gran servicio al occidente” del que le hablaba Kissinger a Pinochet, no fue otra cosa que persecución, tortura y muerte para miles de seres humanos.

A 35 años del golpe de Estado contra Salvador Allende, los pueblos de América Latina siguen reclamando el esclarecimiento de estos crímenes, así como juicio y castigo a los responsables.

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