Las leyes habilitantes son constitucionales y desarrollan derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

*JUAN MARTORANO.

Los dirigentes de esta oposición del Gobierno bolivariano tienen toda una alharaca montada por la promulgación por parte del Ejecutivo Nacional de las últimas 26 leyes habilitantes presentada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo Rafael Chávez Frías el pasado 1 de agosto, día en que se cumplió el lapso concedido por la Asamblea Nacional para que hiciera uso legítimo de la facultad de promulgar decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, mejor conocida como Ley Habilitante. Todo el alboroto desatado ha estado en su mayor parte fundamentado en razones de carácter político, más que en los aspectos netamente jurídicos. Es importante acotar que la oposición en sus declaraciones, no expresa que en total, en este año y medio de habilitación, se promulgaron 66 leyes dentro del marco de la Ley Habilitante, y no solamente las últimas 26, que sin duda son las que tienen un mayor contenido ordenador y de beneficios para los ciudadanos y ciudadanas, del pueblo en general pues. En estos días de olimpíadas, la oposición saltó tal cual gimnasta del tema de los inhabilitados, a los cuales ya se les olvidó e incluso abandono a su suerte, para lanzarse al ataque de las leyes habilitantes con argumentos ambiguos y hasta temerarios en algunos casos, porque no tienen sentido al comparar. No expresan con claridad, cuál es el artículo, la ley o el título de estas leyes, que viole o menoscabe los derechos constitucionales que las mismas han desarrollado. Si bien fueron 11 ámbitos los delegados dentro de la habilitación de la Asamblea Nacional al Ejecutivo Nacional, tales como: aspectos sociales, económicos, militares, desarrollo industrial, desarrollo agrícola, administración pública, etc, pero la oposición ha señalado que dichas normas violentan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incluso desde antes de que se conociese el texto y el contenido de esas leyes. Lamentablemente, para algunos colegas abogados y otros eminentes jurisconsultos del oposicionismo, en su inmensa mayoría no han leído y demuestran total desconocimiento del conjunto de leyes habilitantes. El Ejecutivo Nacional a través de la Procuraduría General de la República fue garante en todo momento, y en todos y en cada uno de los instrumentos dictados por el Presidente de la República, adaptándose al marco constitucional , y en los momentos en que se detectaron los errores o colisiones, en algunas oportunidades el Presidente lo ha rectificado, o la misma Procuraduría lo ha corregido. Incluso si observamos los antecedentes legislativos de la Habilitante, tenemos por ejemplo, una norma primaria fundamental en materia de las instituciones públicas, como la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cuál está destinada a organizar toda la estructura bajo unos parámetros que permitan la consecución de las metas y objetivos y que no hayan actividades aisladas. La Ley de simplificación de Trámites administrativos, y posteriormente se instrumenta el acceso de los ciudadanos e ir erradicando el burocratismo. Por eso vemos en las leyes habilitantes se realizaron un conjunto de supresiones y liquidaciones de instituciones, tales como el Conac, Foncrei y el INAM. Sin duda que estas Leyes Habilitantes, y especialmente las últimas 26 que fueron promulgadas por el Ejecutivo complementa al primer bloque de leyes dictado e incluso complementa a las de la Habilitante de 2001, las revisó completamente y algunas incluso fueron reformadas de manera muy puntual, y otras de manera general para adaptarla a las nuevas realidades sociales. Y si a eso le agregamos que el Gobierno Nacional, en tan sólo año y medio logró promulgar 66 leyes, indica incluso un nivel de productividad muy superior a la de la Asamblea Nacional, que en un año, para sancionar 20 leyes, por colocar sólo un ejemplo, y a pesar de tener los dos tercios de la misma, y con una oposición casi inexistente en ella, ha sido prácticamente imposible que el Poder Legislativo Nacional esté al día con la legislación que demandan este conglomerado nacional. Y sobre todo ante la prácticamente desaparición del mecanismo de parlamentarismo de calle, es inexistente, no se siente. Por lo menos, en el Estado Bolívar, ninguno de sus diputados que conforman el Bloque Parlamentario ha salido, ha opinado u organizado algún foro, alguna actividad en defensa de las leyes habilitantes, y de informarnos acerca de su gestión como parlamentarios y parlamentarias. Y es por ello, que las instituciones del Estado, los abogados y abogadas bolivarianos y bolivarianas, revolucionarios y revolucionarias y socialistas todos, debemos ir a la colectividad a explicar las leyes en las calles, en los barrios, en las comunidades y también oír las observaciones e implementar el control social que tienen estas mismas leyes, incluso de conformidad con el artículo 5 de nuestra Constitución, que algunos olvidan pareciera que de manera premeditada y alevosa. Que la Asamblea Nacional, pese a que ha entrado en su período de receso, ejerza el control político de estas leyes, que el Tribunal Supremo de Justicia y demás órganos de nuestro sistema judicial ejerzan el control jurídico de las mismas, y que todos como pueblo, y sobre todo para aquellos que no están de acuerdo con estas leyes, pues que de conformidad con el artículo 74 constitucional, convoquen el referendo abrogatorio, si se van a las calles y recogen por lo menos el 5% de los inscritos en el REP y nos contemos, y no aprovechen esta coyuntura para tomar los atajos de la desestabilización y de la violencia, para crear una situación de ingobernabilidad, y justificar cualquier aventura en contra de nuestras instituciones que nos hemos dado, y cómo ya lo hicieron en el año 2002, cuando, que casualidades de la vida, a finales del año 2001, también el Gobierno Bolivariano promulgó en esa oportunidad, 49 leyes dentro del marco de una Ley Habilitante.

Patria Socialista o Muerte!!!

Estamos Venciendo!!!

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