Directiva de Retorno en Europa: ¿Dónde queda la reciprocidad?

Pablo Siris Seade

El pasado 18 de junio, el Parlamento Europeo aprobó –en decisión con el Consejo de Ministros del Interior- la Directiva de Retorno, por la cual la Unión Europea unifica sus normas para el tratamiento de los inmigrantes irregulares en los 27 países que conforman esa alianza regional. Lo que dicen las críticas a la norma La norma aprobada ha sido duramente criticada por organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, así como por otras alianzas regionales como el Mercosur, la Unasur y la Organización de Estados Americanos (OEA). Entre los principales elementos que se le critican están la ausencia de normas de regularización para los inmigrantes, la posibilidad de detención de éstos por un período de hasta 18 meses, así como de expulsar a menores que se encuentren sin acompañamiento, la limitación expresa de la asesoría jurídica a los migrantes según el costo que ésta pueda implicar, la relativización de las normas del debido proceso y la prohibición de reingreso al territorio europeo por cinco años, entre otras. Lo que dicen los presidentes latinoamericanos Los presidentes del Mercosur plantearon que “lamentan que Naciones tradicionalmente generadoras de corrientes migratorias que -en la actualidad- son receptoras de migrantes no reconozcan, en base al principio de reciprocidad histórica, la responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios.” Los mandatarios de ese bloque regional y de los países asociados al Mercosur plantearon también que “enfatizan la importancia que reviste que los países desarrollados adopten las políticas necesarias para evitar que las asimetrías económicas internacionales, los multimillonarios subsidios que distorsionan la competitividad; la falta de apertura de sus mercados a los productos de los países emergentes y en desarrollo profundicen las causas de las migraciones, esto es la pobreza estructural, la exclusión social y la desigualdad de oportunidades.” Lo que dicen las ONG El director de Amnistía Internacional (AI) en España, Esteban Beltrán, declaró al rotativo El Mundo que Amnistía considera que el periodo de internamiento de los inmigrantes propuesto por la UE, que permitiría a los Estados miembros retenerlos un máximo de 18 meses y limitar la asistencia jurídica gratuita, es “excesivo, desproporcionado e inaceptable, pues permite detener a adultos, familias y hasta niños”. Beltrán denunció que “este texto hace que las personas inmigrantes no tengan los mismos derechos que cualquier persona en la Unión Europea, y no puede haber una confusión entre no tener papeles y no tener derechos”. El folleto “Doce lecciones sobre Europa”, de Pascal Fontaine, de amplia difusión en los organismos de representación europeos en el extranjero, afirma en su página 41 que “el primer derecho del ciudadano europeo consiste en poder viajar, trabajar y residir en todo el ámbito de la Unión”. Lo que dicen las autoridades El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, en videoconferencia realizada con periodistas de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela, afirmó que “Europa no es una fortaleza, ni quiere ser una fortaleza”. “Se ha tratado de un malentendido. La directiva de retorno pretende enmarcar de mejor manera las decisiones de retorno que puedan adoptar los estados miembros de la Unión Europea (UE)”, dijo Barrot desde Bruselas. El funcionario europeo, afirmo también que en caso de no aprobación de esta directiva “se corre el riesgo que aumente la xenofobia”, así como que los migrantes legales vean dificultadas sus gestiones y posibilidades de integración. Lamentó, sin embargo, que el paquete de medidas migratorias se iniciara por las directivas de retorno, pero garantizó que para octubre, ese conjunto de normas estará aprobado en el Consejo de Ministros del Interior de Europa. Barrot señaló también que la norma no obliga a los estados con normas más favorables a endurecerlas, sino que más bien pretende suavizar normas más duras contra los inmigrantes ilegales que tienen algunos países de la Unión. Lo que dirá el futuro Ya el Gobierno de España da algunas señales de cuál será su política en relación a la inmigración. El gobierno presidido por Rodríguez Zapatero dio a conocer que enviará al Congreso de Diputados un proyecto de ley que planea extender el plazo de detención de inmigrantes irregulares, pasando de 40 días a 60. También, se piensa restringir las reagrupaciones familiares, limitándolas solo al cónyuge y a los hijos menores de 18 años, dejando de lado a los abuelos, tíos, hermanos e hijos mayores de edad. Por otro lado, el ministro de Trabajo e Inmigración del país ibérico, Celestino Corbacho, anunció que a partir del próximo mes de julio, se pagarán entre 8 mil y 10 mil euros a los extranjeros en situación regular que, voluntariamente, decidan irse del país llevándose consigo a sus familias y que se comprometan a no retornar en -al menos- tres años. El Reino Unido y Noruega, dos de los países que tendrían normas nacionales más duras que la Directiva de Retorno de la Unión, no son signatarios del Tratado de Schengen (que permite la libre circulación de personas dentro del territorio de los países miembros) por lo que esta Directiva no contribuiría en nada a mejorar las condiciones de los migrantes irregulares. Lo que dice la reciprocidad Uno de los mayores señalamientos que se le hacen a esta norma es que no es recíproca en relación a los países que han sido receptores de oleadas migratorias europeas -particularmente los latinoamericanos- en épocas de crisis económicas, guerras, conflictos étnicos y persecuciones por motivos ideológicos y religiosos. En estas circunstancias, los países de América Latina recibieron con los brazos abiertos a los nacionales de los países europeos sin exigirles ningún engorroso trámite, no solicitudes de permisos, ni limitaciones a los agrupamientos familiares. Un caso especial es el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad que celebraron la República Oriental de Uruguay y el Reino de España en 1870, cuyo artículo 8º señala: “Los súbditos españoles en la República Oriental del Uruguay y los ciudadanos de la República de España, podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles, extraer del País sus valores íntegramente, disponer de ellos en vida o por muerte y suceder en los mismos por testamento o ab intestato, todo con arreglo a las Leyes del País, en los mismos términos y bajo iguales condiciones y adeudos que usan o usaren los de la Nación más favorecida”. Ese tratado garantiza que los ciudadanos españoles en Uruguay tienen absolutamente los mismos que los uruguayos, y que los ciudadanos uruguayos en España tienen los mismos derechos que los peninsulares. Este tratado fue ampliamente utilizado por los españoles durante la Guerra Civil, luego escapando del franquismo, e incluso durante los períodos de expansión internacional de las empresas españolas en América Latina. Sin embargo, hoy los ciudadanos uruguayos no tienen la posibilidad de invocar el Tratado de 1870, ya que aún cuando el Tribunal Supremo español ratificó su validez, el Gobierno de ese país se niega a reconocerlo. Quizás la mejor síntesis de la opinión de América Latina frente a esta norma sea la carta abierta que el Presidente de Bolivia, Evo Morales, dirigiera a los dignatarios europeos diciendo que la Directiva de Retorno “…es una directiva de la vergüenza. Llamo (…) a la Unión Europea a elaborar, en los próximos meses, una política migratoria respetuosa de los derechos humanos, que permita mantener este dinamismo provechoso para ambos continentes y que repare de una vez por todas la tremenda deuda histórica, económica y ecológica que tienen los países de Europa con gran parte del Tercer Mundo, que cierre de una vez las venas todavía abiertas de América Latina. No pueden fallar hoy en sus “políticas de integración” como han fracasado con su supuesta “misión civilizatoria” del tiempo de las colonias”.

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